Con el objetivo de reducir la carga administrativa para las empresas, la Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas para simplificar la legislación ambiental sobre emisiones industriales, economía circular, evaluaciones ambientales y datos geoespaciales. Estas medidas agilizarán la obtención de permisos, especialmente en sectores estratégicos como los proyectos digitales, materias primas críticas y vivienda asequible, favoreciendo así la transición hacia una economía limpia y digital.
Se estima que, con esta propuesta, las empresas podrán ahorrar aproximadamente 1.000 millones de euros al año, elevando el ahorro administrativo anual derivado de las medidas ómnibus y otras iniciativas de simplificación ya presentadas por la Comisión Europea a casi 11.000 millones de euros anuales, acercándose al objetivo global de 37.500 millones de euros en ahorros de costes administrativos para 2029.
Medidas clave de simplificación ambiental
Las medidas incluyen evaluaciones ambientales simplificadas para la concesión de permisos, que permitirán a los promotores de proyectos beneficiarse de procedimientos más ágiles, ventanillas únicas y digitalización, acelerando los proyectos clave para la economía de la UE. La propuesta incluye además herramientas adicionales de aceleración para sectores estratégicos y proyectos que contribuyan a la descarbonización o a la eficiencia de los recursos, como la vivienda asequible.
Las normas de emisiones industriales se simplificarán tanto para la industria como para los agricultores, otorgando mayor flexibilidad en la implementación de sistemas de gestión ambiental, eliminando la obligación de planes de transformación, ampliando los plazos para la elaboración de estos sistemas y suprimiendo la necesidad de auditorías independientes. Los agricultores y acuicultores estarán exentos de ciertas obligaciones de información, se simplificará el alcance de las actividades agrícolas y se reducirán las duplicaciones en las explotaciones ecológicas.
En materia de sustancias peligrosas en productos, se sustituirá la base de datos SCIP (Sustancias de Preocupación en Productos) por soluciones digitales más eficaces, como el Pasaporte Digital de Productos y la implementación del paquete ‘Una sustancia, una evaluación’, con el fin de reducir los costes asociados a su gestión. La legislación sobre responsabilidad extendida del productor (REP) también se simplificará, suspendiéndose temporalmente la obligación de designar un representante autorizado en todos los Estados miembros para los productores europeos, lo que reducirá los costes operativos en la UE.
Asimismo, se facilitará el acceso a datos geoespaciales mediante la armonización de los requisitos técnicos de la Directiva Inspire con la legislación horizontal sobre datos geoespaciales de alto valor, reduciendo los costes de cumplimiento normativo y mejorando el acceso a estos datos para usuarios públicos y privados.
Etapas de implementación
La Comisión Europea continuará trabajando en la simplificación de la legislación existente, sometiéndola a pruebas de resistencia y centrando sus esfuerzos en mejorar su aplicación efectiva. Se publicará próximamente una guía para facilitar la transición del Reglamento sobre envases y residuos de envases, y se revisará la Directiva Marco del Agua en 2026, así como la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, para mejorar la coherencia normativa en materia de agua.
La Ley de Economía Circular, prevista para 2026, establecerá normas más sencillas y armonizadas, reduciendo los costes para las actividades circulares transfronterizas. La propuesta legislativa será ahora presentada al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción.