El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana someten a información pública el Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC), un instrumento dotado con 9.099 millones de euros para reducir la dependencia de combustibles fósiles en hogares, usuarios de transporte y microempresas vulnerables entre 2026 y 2032. La iniciativa concentra sus inversiones en rehabilitación energética, vivienda asequible, movilidad sostenible y electrificación.
El plan será remitido a la Comisión Europea antes de que finalice 2026 para su aprobación. El Ejecutivo lo plantea como una respuesta estructural frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, en un contexto de inestabilidad internacional marcado por la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, tras medidas temporales como el escudo social de 5.000 millones.
El PSpC se enmarca en el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea. España recibirá el 10,52% de los recursos totales de este fondo y añadirá una aportación nacional equivalente al 25% del presupuesto total del plan.
La distribución presupuestaria se divide en dos grandes áreas. El sector de los edificios contará con 4.723 millones, el 52% del total, mientras que el transporte recibirá 4.376 millones, el 48% restante. El objetivo es reducir de forma permanente las necesidades energéticas de los colectivos vulnerables y facilitar el acceso a alternativas de movilidad limpias y asequibles.
Los beneficiarios serán hogares vulnerables, especialmente aquellos en pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas sin capacidad para rehabilitar sus viviendas. También se incluyen usuarios de transporte sin alternativas viables al vehículo privado de combustión y microempresas de menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación anual con alta dependencia de combustibles fósiles en sus flotas.
Rehabilitación energética, vivienda asequible y comunidades energéticas
El componente de edificios prevé actuaciones para modernizar el parque residencial español, mejorar el confort térmico ante fenómenos meteorológicos extremos, reducir el consumo de energía y disminuir las emisiones de CO₂. La mayor partida, 1.813 millones, se destinará a promoción de vivienda asequible mediante nueva construcción y rehabilitación integral de edificios sin uso residencial, con altos estándares de eficiencia energética.
La rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables contará con 1.220 millones para intervenciones a escala de barrio, reducción de energía primaria no renovable, climatización renovable y redes de calor y frío de distrito. Además, se asignan 923 millones a rehabilitación de edificios residenciales con hogares vulnerables, con ayudas vinculadas al nivel de mejora energética, y 278 millones a viviendas individuales que no puedan integrarse en rehabilitaciones comunitarias.
El plan reserva 300 millones a comunidades energéticas y consumidores activos, con impulso al autoconsumo colectivo y al almacenamiento. También se prevén 27 millones para RED-ACTÚA, una red de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento con atención presencial e itinerante en zonas rurales, y 162 millones para intervenciones exprés en hogares con urgencia térmica y mejoras de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.
En el componente de transporte, la principal línea, con 2.269,6 millones, se dirige a la descarbonización del transporte por carretera. El transporte público asequible y accesible dispondrá de 964,8 millones, la movilidad rural a la demanda y compartida recibirá 702 millones, la movilidad activa contará con 370,5 millones, la intermodalidad 26,2 millones de euros y otros 43 millones a puntos de intercambio para carpooling.
Participación pública, criterios sociales y seguimiento
El Plan Social para el Clima complementa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, el Plan Estatal de Vivienda, la Ley de Movilidad Sostenible y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En su elaboración se han incorporado más de 1.000 aportaciones de agentes sociales, entidades del tercer sector, comunidades autónomas y entidades locales.
La audiencia pública permitirá presentar alegaciones y propuestas, y se celebrarán talleres con asociaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos, administraciones autonómicas y locales y jóvenes. Las aportaciones podrán enviarse hasta el 29 de junio mediante un formulario web habilitado.
El diseño del plan integra la perspectiva de género al considerar que las mujeres, especialmente las responsables de familias monoparentales o con cuidados no compartidos, sufren con mayor intensidad la pobreza energética y de transporte. Los criterios de vulnerabilidad tendrán en cuenta la composición familiar, el nivel de renta, la existencia de personas dependientes y la situación de víctimas de violencia de género.
El PScP contará con un sistema de seguimiento vigente hasta el 31 de julio de 2032. Los desembolsos dependerán del cumplimiento de hitos y objetivos, y las actuaciones deberán respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente. La coordinación corresponderá al Miteco, en colaboración con Vivienda, Transportes, comunidades autónomas y entidades locales.