España ha culminado la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con la presentación por parte del Gobierno de la séptima y última solicitud de pago, por un importe de 25.861 millones de euros. Se trata de la petición de desembolso más elevada registrada por un Estado miembro, tanto por el volumen de fondos como por el número de hitos y objetivos acreditados. Entre los hitos incluidos figuran actuaciones en vivienda y rehabilitación.
La solicitud comprende 148 hitos y objetivos, equivalentes al 30% del total programado por España. De ellos, 130 corresponden a transferencias no reembolsables y 18 a préstamos.
El séptimo desembolso incluye 21.463 millones de euros en transferencias, de los que España podría recibir 18.711 millones en términos netos tras descontar la prefinanciación inicial. También incorpora 4.398 millones en préstamos, con 4.166 millones en términos netos.
Cierre del PRTR y calendario europeo
Con esta última solicitud, los fondos asignados en el PRTR alcanzarían los 101.300 millones de euros. El plan se enmarca en los fondos NextGenerationEU, activados para responder a la crisis provocada por la COVID-19 y reforzar la capacidad de recuperación de los Estados miembros.
La presentación se produce dentro del calendario de cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que fijaba el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para alcanzar los hitos y objetivos y el 30 de septiembre de 2026 para registrar las últimas solicitudes de pago. La Comisión Europea dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para realizar el desembolso correspondiente.
Vivienda y rehabilitación
Entre los hitos incluidos, destaca el inicio de la construcción de 23.000 viviendas para alquiler social, de las que 16.000 están finalizadas y el resto se prevé completar en los próximos meses. También se ha formalizado la línea ICO de promoción de vivienda social, dotada con 568 millones de euros para 4.675 viviendas.
En rehabilitación residencial se han acreditado 53.375 certificados de eficiencia energética, con una reducción media del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Las deducciones fiscales acumuladas ascienden a 734 millones de euros, se han renovado 1,23 millones de metros cuadrados de edificios públicos y se han completado 854 proyectos de energía limpia en pequeños municipios.
La solicitud incorpora la inyección de más de 13.300 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para activar el fondo España Crece, junto con su política de inversión. Este instrumento prioriza la vivienda asequible, la transición verde y los proyectos innovadores, con inversiones en edificios energéticamente eficientes, energías renovables, material rodante de transporte urbano limpio y eficiencia energética en pymes.
También se da por culminado el despliegue de instrumentos financieros del plan. Incluye 4.390 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica, gestionado por el Grupo BEI; 2.000 millones del fondo FOCO; 1.445 millones del fondo Next Tech; 878 millones del mecanismo de financiación del PERTE Chip; y la línea ICO Empresas y Emprendedores.
Transición energética, descarbonización y movilidad sostenible
En transición energética y descarbonización se han comprometido ayudas por cerca de 7.500 millones de euros para hidrógeno renovable, transición ecológica, descarbonización y modernización industrial. Además, se han adjudicado 161 proyectos de digitalización de redes de distribución eléctrica.
En movilidad sostenible se han ejecutado más de 1.000 proyectos, con una inversión pública superior a 2.900 millones de euros. Las actuaciones incluyen ayudas para la compra de cerca de 175.000 vehículos eléctricos, la instalación de más de 116.270 puntos de recarga, inversiones en la red transeuropea de transporte, mejoras en estaciones ferroviarias y actuaciones en gestión del tráfico aéreo.
La solicitud acredita medidas de cohesión social, igualdad y calidad del gasto público. Entre ellas figuran la aprobación de un conjunto mínimo común de servicios sociales para todo el territorio, con su sistema de información; 1.805 millones de euros en infraestructuras, equipamiento y digitalización de servicios sociales; y 304 millones para autonomía personal y vida independiente.
También se incluye la entrada en vigor de la Ley Orgánica de representación paritaria, la creación del Consejo Asesor de Brecha de Género y la publicación por parte de la AIReF de un nuevo ciclo de revisiones del gasto sobre instrumentos de apoyo a pymes, MUFACE, incapacidad temporal, ayuda oficial al desarrollo e Ingreso Mínimo Vital.
Industria, tecnología y digitalización
En industria, tecnología y digitalización, el paquete recoge proyectos vinculados a eficiencia energética, sostenibilidad, transformación digital y Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). En semiconductores, se han desembolsado 153 millones de euros para participar en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica y Conectividad y en otros proyectos de la cadena de valor, se ha capitalizado la SETT con más de 368 millones y se han creado 13 cátedras universitarias especializadas.
En digitalización destacan 693 millones de euros para la transformación digital de administraciones autonómicas y locales, cerca de 300 millones para banda ancha, 839 millones para despliegue de 5G, bonos de conectividad para colectivos vulnerables y pymes, una contribución de 300 millones a la Empresa Común EuroHPC y la participación en programas de la Agencia Espacial Europea.
El PRTR ha impulsado cerca de cuatro millones de formaciones en competencias digitales, mientras que el 66,2% de los ciudadanos cuenta con competencias digitales básicas, más de diez puntos por encima de la media europea. Además, se han culminado los programas de emprendimiento y de centros de innovación digital, junto con 1.450 proyectos de economía circular y gestión de residuos, con una inversión pública asociada de alrededor de 1.150 millones de euros.
Otras actuaciones abarcan la formación profesional, con la creación o conversión de 3.631 grupos de FP en formato bilingüe y la incorporación de 6.585 nuevos grupos respecto al curso 2019/2020; la creación del Espacio Nacional de Datos de Salud; el impulso del PERTE Aeroespacial; la transferencia de conocimiento; infraestructuras hídricas y de depuración; seguridad de presas; biodiversidad; transición justa; patrimonio histórico; y ayudas a cerca de 1.900 beneficiarios y proyectos de industrias culturales y creativas.