El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-2033, orientado a incorporar de forma progresiva criterios ambientales en la compra pública. La iniciativa se estructura en seis líneas de actuación y 22 medidas, con el objetivo de que en 2033 se valore la incorporación de al menos una consideración medioambiental en el 100% de los procedimientos incluidos en su ámbito.
La contratación pública supone aproximadamente el 11,5% del PIB y cerca del 25% del gasto público, por lo que el plan la plantea como una herramienta para reducir emisiones, reforzar la adaptación al cambio climático, favorecer la economía circular y estimular soluciones con menor impacto ambiental.
El nuevo marco amplía el alcance del plan anterior, vigente entre 2018 y 2025, al incorporar a las entidades públicas empresariales y a las agencias estatales, además de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. El documento ha sido elaborado conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y el Ministerio de Hacienda.
Huella de carbono en la contratación pública
Una de las líneas principales se centra en la descarbonización de los contratos públicos. Para ello, se prevé crear una base de datos centralizada de materiales de construcción que recopile factores de emisión de productos constructivos que representen, al menos, el 70% del volumen medio de la obra pública estatal.
El plan también impulsará el uso progresivo de la huella de carbono de productos y servicios como condición especial de ejecución o como criterio de adjudicación en los contratos en los que resulte viable. En paralelo, se estudiará la creación de un registro o repositorio estatal de huella de carbono de producto con valores verificados y normalizados para categorías prioritarias.
Además, se identificarán y difundirán proyectos de referencia que faciliten la incorporación gradual de estos criterios. La finalidad es que la huella de carbono pueda utilizarse como un parámetro objetivo y comparable en las decisiones de compra e inversión pública.
Adaptación climática y economía circular
El plan incorpora una línea específica para promover la adaptación al cambio climático y la resiliencia climática en los contratos públicos. Entre las medidas previstas figuran la identificación de categorías contractuales especialmente expuestas a riesgos climáticos y la promoción de prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución destinadas a reducir la vulnerabilidad de infraestructuras, obras y servicios.
En este ámbito, se desarrollará una herramienta metodológica denominada test climático para facilitar la inclusión de criterios de adaptación en las prescripciones técnicas de grandes contratos de obras, concesiones de obras y de servicios, así como en los contratos de servicios para la redacción de proyectos. Esta línea se completará con la difusión de proyectos de referencia y buenas prácticas.
La economía circular constituye otro eje del plan. Se promoverá el uso del coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación en las categorías contractuales que dispongan de metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas, de forma que se tengan en cuenta costes asociados al uso de los bienes durante toda su vida útil, incluido el consumo energético.
También se prevén actuaciones para prolongar la vida útil de los bienes públicos y favorecer su reparación, reutilización y remanufactura. En los contratos de obras y concesiones de obra pública se fomentará la incorporación de materiales reciclados y materias primas secundarias.
Edificios públicos y ejecución del plan
Otra línea de actuación se dirige a la descarbonización y la transición energética del parque inmobiliario público. El plan contempla la elaboración de guías prácticas, herramientas y modelos de pliegos para facilitar contratos de rehabilitación energética de edificios, electrificación de consumos y despliegue de energías renovables.
La aplicación del plan incluirá medidas de capacitación para empleados públicos, la creación de una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público para compartir conocimiento y experiencias, y la transformación del actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva de consulta y utilización de criterios ambientales.
La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, con el apoyo de un Grupo de Trabajo Permanente que se reunirá al menos cuatro veces al año. La ejecución se concretará mediante programas anuales de trabajo con actuaciones, responsables e hitos previstos.
El seguimiento se apoyará en indicadores, en el análisis de los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) y en el desarrollo progresivo de herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público y reducir cargas administrativas. Transcurridos tres años desde su aprobación, se elaborará una evaluación intermedia para valorar los avances y plantear posibles mejoras.