La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se ha reunido esta semana con los consejeros con responsabilidades en vivienda y edificación para presentarles el Código Técnico de la Edificación antes de que sea aprobado formalmente por el Consejo de Ministros.
La elaboración del Código Técnico de la Edificación viene a sustituir a la actual normativa, que en algunas ocasiones data de hace más de 30 años y armonizará la legislación española con la de Unión Europea.
La nueva normativa significa una clara modernización en todo lo que se refiere a mejorar los sistemas constructivos y facilitar que el sector de la construcción se adapte a las necesidades de sostenibilidad económica, energética y medioambiental.
En su intervención ante los consejeros de las Comunidades Autónomas, la ministra de Vivienda señaló que el Código Técnico de la edificación tiene como objetivo que los edificios, sea cual sea su uso, “respondan a la demanda de calidad de los ciudadanos” y que la sostenibilidad, la innovación y la calidad en la edificación se enmarcan dentro de los ejes estratégicos de la política del gobierno en materia de vivienda, al objeto de conseguir un acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible que constituya su residencia habitual y permanente, en una ciudad habitable que permita el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
Se trata, por tanto, añadió, de una política dirigida a conseguir una ciudad compacta, moderna, que garantice el respeto a los valores medioambientales y con edificios que respondan a los máximos parámetros de calidad, mediante la innovación de materiales y procedimientos. Con ello damos respuesta a la Estrategia Europea en materia de ordenación del territorio.
En los meses que ha durado la elaboración del Código Técnico de la Edificación se ha mantenido la política de participación de todos los actores interesados como es habitual en la política del Ministerio de Vivienda.
En este sentido, a través de una página en Internet, han participado más de 800 expertos académicos, personal de laboratorios, técnicos de las empresas de los sectores interesados y personal de las Comunidades Autónomas, aportando más de 2.600 sugerencias que en buena parte han sido adoptadas en la redacción final del mismo.