Greenpeace presenta su nuevo informe «Destrucción a Toda Costa 2006», sobre el estado de las costas españolas.


Greenpeace ha presentado el informe «Destrucción a toda costa 2006» en el que analiza el estado del litoral. El informe repasa las principales amenazas, destacando la saturación urbanística, el aumento del número de campos de golf, los numerosos casos de corrupción asociados al urbanismo, el incremento de nuevos puertos deportivos y los graves problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales.



Los datos analizados del último año reflejan una falta de acción política para proteger de forma efectiva el litoral a pesar del amplio consenso entre la ciudadanía sobre el alto grado de degradación de nuestro entorno costero.


Principales cifras recopiladas este año en el informe para todo el Estado:



Del análisis de las principales variables analizadas cabe señalar a la Comunidad Valenciana y a Andalucía como aquéllas que menos cuidan su litoral, especialmente en lo referido a la construcción de nuevas viviendas, campos de golf y puertos deportivos. A continuación se sitúa la Región de Murcia que, a pesar de presentar menos proyectos, añade una característica muy preocupante: la agresión a los espacios naturales protegidos. Después se situaría Galicia, con un enorme número de proyectos surgidos este año que amenazan con desfigurar completamente su costa. Del resto de comunidades autónomas, Cantabria, Baleares y Canarias albergan una cifra menor de agresiones, aunque muchas de ellas supondrán un grave deterioro de su litoral. Asturias, con menos “puntos negros”, destaca por la elevada cantidad de proyectos urbanísticos investigados por la justicia. Por último, Cataluña y Euskadi acumulan menos amenazas y ambas destacan por las medidas positivas para su litoral reflejadas en sus legislaciones.


En el informe Destrucción a Toda Costa 2006 Greenpeace analiza los mayores problemas del litoral en cada una de las comunidades autónomas costeras:




Los casos de corrupción urbanística o sentencias contrarias a la urbanización se repiten en el litoral. Las instituciones de justicia investigan en la actualidad un centenar de casos que involucran a alcaldes y concejales de todos los colores políticos. La Comunidad Valenciana tiene 30 causas abiertas. La siguiente en número de casos conocidos es Andalucía, con 21 litigios y más de 70.000 viviendas ilegales repartidas por su litoral. Al “caso de Marbella” se suman los de otras localidades como El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Almuñécar. A continuación se sitúan Asturias, con 17, y la Región de Murcia, con una decena de faraónicos proyectos investigados.


Peticiones de Greenpeace: los desarrollos urbanísticos deben contemplar una visión a largo plazo; los problemas de financiación de los ayuntamientos no pueden dar cobertura a las ilegalidades urbanísticas. Debe lucharse desde todos los ámbitos contra la corrupción. De igual forma, las constructoras acusadas de continuar obras paralizadas por la justicia deberían ser incluidas en listados a disposición de todos los municipios y ciudadanos. La construcción de campos de golf asociados a viviendas debe prohibirse mientras sea utilizada como una herramienta de especulación urbanística.




Peticiones de Greenpeace: El turismo no puede mantenerse con la misma lógica de crecimiento ilimitado e indiscriminado. Debe analizarse su situación real y los destinos “maduros” para reorientar el modelo en direcciones más sostenibles. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio debería tomar medidas para impedir la ruina de este sector.




El Ministerio ha avanzado en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, pero aún le quedan 3.000 km. para concluir el deslinde. Acuerdos como el alcanzado por la Dirección General de Costas para que dos hoteles que ocupan ilegalmente las dunas en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo (Fuerteventura) obtengan una concesión de ocupación muestran que ni siquiera este organismo valora en su justa medida la conservación de la costa.


La construcción de paseos marítimos y la reposición artificial de arena en las playas erosionadas continúa llevándose una gran partida de los presupuestos para la costa. La arena para estas regeneraciones es cada vez más difícil de obtener y la Dirección General de Costas recurre a actuaciones que incumplen claramente la legalidad ambiental.


Peticiones de Greenpeace: las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente deben centrarse en la conservación del litoral y abandonar las actuaciones que no reportan beneficios a la costa, como la construcción de paseos marítimos. Es imprescindible que el Ministerio cumpla escrupulosamente la legislación ambiental. Por último, el Ministerio debe revocar los cambios introducidos en 2002 en la Ley de Costas, que fomentan la ocupación de la costa.




Peticiones de Greenpeace: moratoria sobre nuevos puertos deportivos mientras no existan documentos de planificación autonómicos visados por el Ministerio de Medio Ambiente.




Peticiones de Greenpeace: la aprobación de los planes urbanísticos debe exigir como requisito previo cubrir las necesidades de depuración correspondientes.


DATOS PRINCIPALES DEL INFORME DESTRUCCIÓN A TODA COSTA 2006


 
 
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