Los ministros de Medio Ambiente de la UE acuerdan la tramitación de la Ley del Clima

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente, celebrado el 17 de diciembre en Bruselas, ha dado luz verde al enfoque general de la Ley del Clima europea, que ya incluye el nuevo objetivo de reducción del 55% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, tal y como se acordó en el Consejo Europeo recientemente.

Así, la Unión Europea concluye dos de los grandes proyectos previstos para 2020: la Ley del Clima europea y el envío a Naciones Unidas de un objetivo de reducción de emisiones (Contribución Determinada a nivel Nacional, NDC) de la UE a 2030 más ambicioso, cumpliendo así lo establecido en el Acuerdo de París y devolviendo a la UE su liderazgo en ambición climática.

Ley del Clima, marco para alcanzar la neutralidad climática

Además del objetivo a 2030 y de la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2050, el texto de enfoque de la Ley del Clima establece que el próximo objetivo de reducción de emisiones de la UE será en 2040, y pone en marcha un mecanismo de seguimiento y evaluación cada 5 años del progreso hacia el objetivo de neutralidad climática y de adaptación y la coherencia de las políticas europeas y nacionales con dichos objetivos.

Asimismo, la Ley proporciona un marco para avanzar en los esfuerzos de adaptación a los impactos del cambio climático, por el cual, todos los Estados miembros deben poner en marcha estrategias y planes de adaptación.

A lo largo del proceso para llegar hasta aquí, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) indica que España siempre ha defendido la importancia de garantizar la ambición en la Ley del Clima europea, y su posición siempre ha sido que esta Ley recogiera un objetivo de reducción de emisiones de, al menos, un 55% en 2030.

Compromiso de España con la neutralidad climática

España ya se ha comprometido con la neutralidad climática a más tardar en 2050. La Estrategia a Largo Plazo, remitida a Naciones Unidas el pasado 10 de diciembre, marca la senda para lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero en España sean neutras no más tarde de 2050, señalando las oportunidades que ofrece la descarbonización en términos de empleo, atracción de inversiones, activación y transformación de la economía y mejora de la competitividad empresarial e industria.

Además, también cuenta con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece la hoja de ruta para la próxima década, y va más allá de los objetivos marcados por la Unión Europea para España con un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2030 de un -23% respecto a los niveles de 1990, de un 42% de renovables sobre el uso final de la energía, una mejora del 39,5% de la mejora de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

España ya ha establecido una senda compatible para alcanzar la neutralidad en emisiones. Se estima que el cumplimiento de estos objetivos vendrá acompañado en 2030 de un aumento del PIB del 1,8% y del empleo de un 1,7%.

Planes de economía circular y digitalización del medio ambiente

Asimismo, en este Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE se han adoptado las conclusiones sobre el segundo Plan de Acción de Economía Circular, que incluye una amplia gama de medidas destinadas a desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y contribuir significativamente a lograr la neutralidad climática para 2050. En este sentido, España considera que es clave la adopción de medidas que garanticen la circularidad en un mercado único, que nos ayuden a ser más resilientes y nos posicionen como líderes a nivel global para mejorar nuestra sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos sin dejar a nadie atrás.

Ha quedado aprobado también una orientación general sobre la modificación del Reglamento de Aarhus, en el que se habían detectado deficiencias en el derecho de acceso público a la revisión administrativa y judicial en materia ambiental en la Unión Europea. Con esta reforma se amplía significativamente el derecho de las ONG a pedir la revisión de actos administrativos de la Unión cuando se considere que han contravenido la legislación ambiental.

Asimismo, se han adoptado las conclusiones del Consejo sobre digitalización en beneficio del medio ambiente, un documento en el que se abordan todos los aspectos que relacionan la doble transición, ecológica y digital, que la UE debe acometer de forma prioritaria y que ya está en marcha. Un tema que España considera prioritario porque sin la imprescindible colaboración de soluciones digitales no habrá transición verde.