El estudio ‘Compra pública sostenible en el sector de la construcción: del concepto a la acción’, realizado por Oficemen y Roland Berger, revela que un plan de acción sólido, articulado en cuatro fases centradas en priorizar sectores de actividad, adoptar un enfoque a largo plazo, evolucionar las capacidades del sector público y establecer un modelo de gobierno integral, sería clave para que España liderara la apuesta por las compras públicas sostenibles.
Tal y como explican los autores del estudio, aunque existen numerosas publicaciones sobre la inclusión técnica y legal de los criterios de sostenibilidad en los procesos de compra pública, la realidad es que su implementación es limitada entre los miembros de la Unión Europea. En este sentido, el estudio incide en que sectores como la construcción o las IT son claves para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente por el elevado gasto público e impactos que representan, por lo que deberían priorizarse. De hecho, en España, el Plan de Contratación Pública Ecológica publicado en 2019 ya reconoce a la construcción como un sector prioritario. Esto debería ir unido a un enfoque de coste de ciclo de vida complementado con criterios e incentivos relacionados con los aspectos ambientales y sociales.
Incorporación de criterios de sostenibilidad
Para ello, el estudio incide en aspectos de mejora, como la adaptación de los procesos de compra a las nuevas herramientas LCC (Life Cycle Costing), acompañada de programas formativos que permitan a los empleados del sector público maximizar una incorporación realmente efectiva de los criterios de sostenibilidad en los procedimientos de licitación, con un sistema de seguimiento que incorpore KPIs concretos que permitan medir en igualdad de condiciones el éxito de la iniciativa a escala global.
“En España, algunas regiones y administraciones públicas están abordando la sostenibilidad con un enfoque propio, identificando los sectores de actividad que son prioritarios para ellas y definiendo sus propios criterios en materia de sostenibilidad. Pero el resultado es una cantidad ingente de planes de acción, programas y acuerdos voluntarios totalmente inconexos que han obstaculizado la obtención de resultados de alto impacto”, explica Juan Luis Vílchez, de Roland Berger.
Vilchez añade también que «los criterios en la construcción se limitan prácticamente al estudio del impacto ambiental y social exigido, sin incorporar el coste de ciclo de vida ni la monetización del impacto social y ambiental. Esto se traduce en un grado de normalización mínimo, sin estándares reales que permitan su utilización en los procesos de licitación».
El estudio concluye también que tener en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en la compra pública de infraestructuras, permite optimizar la asignación presupuestaria y reducir los impactos, dos variables que permitirían que la contratación pública en el sector de la construcción se alineara con las prioridades establecidas por la UE.