El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado el real decreto por el que se regula la concesión de 50 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el acondicionamiento de las viviendas de personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una norma vinculada al componente 22 denominado ‘Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión’ que incluye la línea de inversión C22.I3: ‘Plan España País Accesible’.
Este real decreto conecta con la consecución de la reforma que pretende impulsar cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la Persona. El objetivo es regular la concesión directa de las aportaciones destinadas a la financiación para 2021 del desarrollo de actuaciones del componente C22.R1 ‘Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración’.
Estas aportaciones serán repartidas entre las comunidades y ciudades autónomas conforme a los criterios de distribución aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Mejora de la accesibilidad en viviendas
Las administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán las actuaciones correspondientes. Por un lado, al menos un 50% del presupuesto se destinará a actuaciones de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarios, así como en los parques de viviendas de titularidad pública, incluidos los proyectos de obra, que aseguren el acceso, uso y disfrute de la vivienda a todas las personas, especialmente a las mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
Por otro lado, el presupuesto restante se destinará a actuaciones de accesibilidad en el interior de las viviendas, referidas especialmente a poblaciones rurales en las que residan personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, mediante ayudas a particulares incluidos los proyectos de obra que aseguren el uso y disfrute de su vivienda.
La pandemia de la COVID-19 ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidad. Además, muchas de estas viviendas carecen de una ducha adaptada, que compromete cuestiones básicas como la higiene personal de sus propietarios o inquilinos y que les obligan a vivir en una situación de precariedad, inseguridad e insalubridad. En este sentido, la accesibilidad universal se erige como un elemento que permite a las personas con discapacidad vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.