El Gobierno de España ha aprobado una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Este plan establece 100 metas destinadas a reforzar el estado de bienestar y a orientar las políticas públicas durante la transición social, económica y medioambiental, con el objetivo de avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre las medidas prioritarias se incluyen la ampliación de la inversión pública en vivienda y la promoción de la transición energética.
Esta estrategia incluye políticas adaptadas a las administraciones del país y amplía los objetivos fijados a nivel internacional en 75 de las 100 metas incluidas.
Triplicar la inversión pública en vivienda
La Estrategia de Desarrollo Sostenible plantea mejorar el acceso a la vivienda mediante la triplicación de la inversión pública, con un presupuesto de 7.000 millones de euros hasta 2030. El objetivo es que el 5% del parque de viviendas esté destinado al alquiler social en cuatro años. Además, se prevé incorporar al mercado de alquiler hasta un 10% de las viviendas actualmente destinadas a alojamientos turísticos. La estrategia destaca la importancia de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de fomentar la coordinación entre administraciones para controlar los precios en las zonas con mayor presión.
Otro de los objetivos centrales es avanzar hacia una mayor independencia energética. La Estrategia promueve el aumento del uso de energías renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También incluye medidas para la adaptación a fenómenos climáticos extremos, así como iniciativas que vinculan sostenibilidad energética con desarrollo económico, turismo verde y cohesión territorial.
Estructura y seguimiento
Las metas se organizan en cuatro ejes principales: bienestar social, transformación económica sostenible, cohesión territorial y garantía de derechos. El primero busca fortalecer el estado del bienestar, reduciendo la pobreza y la desigualdad, garantizando el acceso a prestaciones asistenciales y servicios públicos esenciales, y protegiendo especialmente a los colectivos más vulnerables y a la infancia.
El segundo reto se centra en transformar el modelo económico hacia la sostenibilidad, la economía circular y la creación de empleo digno, promoviendo la descarbonización, la innovación y la inclusión laboral, incluyendo medidas contra la pobreza energética. El tercer reto aborda la vertebración territorial sostenible, fomentando la adaptación al cambio climático, la protección de ecosistemas y la revitalización del medio rural, con el objetivo de lograr territorios más resilientes y equilibrados.
Finalmente, el cuarto reto pone en el centro los derechos humanos y la igualdad, promoviendo la equidad de género, la lucha contra la discriminación y la inclusión social de personas migrantes, así como garantizando el acceso a la cultura como derecho fundamental. Esta nueva estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, ha contado con un proceso colaborativo en el que han participado todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil y entidades del ámbito académico y del sector privado.