El Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos Proyectos de Ley sobre contratación pública a través de los que se van a transponer a la legislación española tres Directivas comunitarias sobre contratación pública. Para la tramitación parlamentaria de ambos Proyectos de Ley se ha solicitado el procedimiento de urgencia.
El primero de los Proyectos de Ley aprobado regula la contratación del sector público en general, mientras que el segundo lo hace con las especialidades en materia de contratación en los señalados sectores concretos. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos normativas sin que se apruebe una específica en esta materia.
Con ello se prevé que la contratación pública pueda servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo. Por ejemplo, en materia medioambiental se exigen certificados de calidad a los licitadores para acreditar su experiencia o su buen hacer en el ámbito de la protección del medio ambiente y, en materia social, se establece la posibilidad de reservar contratos públicos para Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Social.
En cuanto a la I+D, es relevante la regulación de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado de asociación para la innovación, encaminado a dar cobertura a necesidades públicas que no se puedan satisfacer con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, exigen la realización de actividades de investigación y desarrollo en obras o servicios.
Previa selección de los candidatos, en la primera fase se contrata el desarrollo de los proyectos de I+D, que dispondrán de la correspondiente financiación y, finalmente, se analizan los resultados alcanzados y se adjudica el contrato de adquisición del bien o servicio a una o varias de las empresas de acuerdo con los criterios objetivos previstos en el pliego.
Además, se mejora la supervisión y la cooperación con otras Administraciones territoriales, para lo que se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, un Comité de Cooperación con participación de Comunidades Autónomas y de la FEMP.
Por otro lado, se pretenden reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos de contratación pública, así como aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las PYMEs a la contratación pública. De este modo, se incentiva que los contratos se dividan en lotes y aumentan las exigencias para garantizar la utilización de estos medios propios está justificada y no atenta al principio de libre competencia.