Acuerdo para financiar viviendas de alquiler energéticamente eficientes en la Comunidad Valenciana

Firmado un acuerdo para la promoción en colaboración público-privada de 1.090 viviendas en la Comunidad Valenciana

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Generalitat Valenciana han firmado un acuerdo para la promoción en colaboración público-privada de 1.090 viviendas en 17 parcelas propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo a través de tres lotes distintos por valor de más de 150 millones de euros. Esta promoción se financiará con el programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, han firman el acuerdo.

Las parcelas, que se dividen en tres lotes que pueden adjudicarse de manera independiente, están ubicadas en los municipios de Alicante, El Campello, Sant Joan, Sant Vicent Raspeig, Gandía, Silla, y Valencia. En los próximos meses se prevé que pueda acordarse la financiación a través de este mismo programa de unas 1.100 viviendas adicionales en la Comunidad Valenciana.

El acuerdo ha sido firmado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, en presencia del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

Construcción de viviendas energéticamente eficientes

Se financiará el fomento e incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque público de vivienda asequible, durante un período mínimo de 50 años y con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, Mitma ha transferido ya a la Comunidad Valenciana 54.105.000 euros, estando prevista una transferencia adicional del mismo importe a principios del año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por m2 de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

La Generalitat ejecutará esta actuación a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, titular de las parcelas en las que se ejecutan las actuaciones objeto de financiación. Se desarrollará en régimen de colaboración público-privada adjudicándose a través de un concurso abierto la concesión de un derecho de superficie que permitirá al adjudicatario la explotación en alquiler de las viviendas a precios máximos establecidos y a personas con ingresos limitados, debiendo el adjudicatario financiar el proyecto y la construcción de las viviendas.

Las viviendas financiadas bajo este marco podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, priorizando siempre el criterio social. Están destinadas a arrendatarios que no superen 4,5 veces el IPREM (2.605 euros mensuales) y con condiciones especiales para personas con discapacidad y familias numerosas.

Parque público de vivienda social

Estas 1.090 viviendas se suman a las que el Mitma ya está desarrollando a través del SEPES en Valencia en el Cuartel de Ingenieros con la edificación de 438 viviendas y de otras 600 en el Cuartel de Artillería también en el marco del Plan de Viviendas para Alquiler Asequible; así como a las otras 404 viviendas de nueva construcción procedentes de la rehabilitación o de promociones de viviendas gracias a 12 acuerdos suscritos en diciembre pasado en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

La financiación de esta promoción por parte de Mitma se realiza con fondos del PRTR y gracias al cual permitirá disponer de 1.000 millones de euros para subvencionar la construcción de 20.000 viviendas en alquiler social energéticamente eficientes. Todo ello bajo dos premisas: las viviendas deberán estar terminadas antes del 30 de junio de 2026 y deberán lograr un consumo de energía primaria no renovable al menos un 20% inferior a los valores marcados por el Código Técnico de la Edificación.

 
 
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