El Gobierno de La Rioja ha aprobado la declaración de emergencia climática y de biodiversidad en la comunidad autónoma. El texto de la declaración plantea 15 medidas en torno a la crisis climática y la conservación de la biodiversidad que afectan de forma transversal a todos los ámbitos, para avanzar en la descarbonización, lograr un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050 y fomentar una transición energética y ecológica justa.
La Comunidad Autónoma de La Rioja se convierte así en la quinta autonomía de España que se dota de un marco normativo propio para luchar contra la crisis medioambiental.
Medidas para abordar el cambio climático
El texto de la declaración compromete a La Rioja a impulsar y acelerar la puesta en marcha de hasta 15 medidas, en su mayoría incluidas en los proyectos de Ley de Cambio Climático y de Biodiversidad y Patrimonio Natural remitidos al Parlamento regional y que tienen el objetivo de abordar de forma transversal el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de forma que se integren en todos los ámbitos de las políticas públicas.
Por otro lado, también asume impulsar un Plan Riojano Integrado de Energía y Clima como instrumento de planificación de la mitigación del cambio climático en La Rioja en el que ya trabaja el Gobierno.
Otro elemento clave de respuesta a la emergencia climática será el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático, que el ejecutivo espera presentar este otoño, para lograr una comunidad autónoma más segura y menos vulnerable a los efectos perjudiciales al calentamiento global haciendo especial hincapié en los sectores sociales más desfavorecidos, a los ecosistemas más afectados y los sectores productivos que mayor esfuerzo de adaptación precisan.
Por último, se impulsará la Estrategia Riojana de Transición Justa como instrumento de acompañamiento a los sectores sociales y económicos, asegurando que los costes y beneficios de dicha transición se repartan de forma equitativa para frenar las desigualdades.
Sensibilización social
En la misma línea se plantean incidir en la sensibilización social; promover la movilidad colectiva y activa, como la ciclista, para que sea más sostenible; integrar los recursos naturales en la contabilidad regional; mejorar la coherencia de las inversiones y medidas fiscales del gobierno con la agenda climática y de protección de la biodiversidad; o impulsar el autoconsumo y la rehabilitación energética de edificios.
Por su parte, busca contribuir a reducir las desigualdades, incluyendo las de género, transformar el modelo industrial, agrario y el sector servicios para que se adapten a los límites ambientales; integrar los efectos sobre la salud de las personas de los retos ambientales y que sean parte de los currículos educativos; o impulsar la economía circular y la eficacia en el uso del agua.