La Comisión Europea ha publicado el cuarto Informe de Aplicación de la Política Ambiental (EIR), una evaluación sobre el estado actual de la implementación de la normativa medioambiental en los 27 Estados miembros. Este documento no solo ofrece un diagnóstico de la situación ambiental en la UE, sino que también constituye una herramienta estratégica para impulsar el cumplimiento de la legislación, mejorar la gobernanza y reducir los costes asociados a la inacción ambiental, estimados en 180.000 millones de euros anuales, lo que representa aproximadamente el 1% del PIB comunitario.
La Unión Europea se enfrenta a retos complejos: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, todos exacerbados por un modelo de desarrollo insostenible. Aunque se han logrado avances en economía circular, calidad del aire y aumento de áreas protegidas, la brecha de implementación amenaza los objetivos establecidos para 2030 y 2050 en el Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente (PAM).
Actualmente, existen 309 procedimientos de infracción abiertos por incumplimientos de la legislación ambiental, lo que refleja una brecha de inversión estimada en 122.000 millones de euros anuales, equivalente al 0,8% del PIB comunitario. Las áreas más afectadas son: contaminación (48%), biodiversidad (30%), y economía circular (22%). Este informe incluye un enfoque detallado por país y proporciona recomendaciones específicas para mejorar la aplicación de la legislación vigente.
Economía circular, contaminación y biodiversidad
El cuarto Informe de Aplicación de la Política Ambiental confirma que persisten grandes retos estructurales en todos los Estados miembros, aunque con grados variables de cumplimiento. Uno de los ámbitos con mayor retraso es la economía circular. A pesar de una leve mejora en el uso de materiales reciclados, que aumentó del 11,2% en 2020 al 11,8% en 2023, la UE aún está lejos de alcanzar el objetivo del 22,4% fijado para 2030. El volumen de residuos sigue siendo elevado y las tasas de reciclaje insuficientes, lo que pone en duda el cumplimiento de los objetivos establecidos para 2025.
En lo relativo a la contaminación, el informe muestra avances desiguales. La calidad del aire ha mejorado en algunos países, pero sigue siendo una causa importante de muertes prematuras, especialmente por la exposición a partículas finas PM2,5.
Por otro lado, también preocupa la calidad de las aguas superficiales, de las cuales menos del 40% alcanzan un buen estado ecológico y solo una minoría cumplen los estándares químicos adecuados. Estos resultados reflejan una implementación deficiente de las directivas europeas sobre agua y aire, que requieren inversiones sostenidas y acciones coordinadas.
El estado de la biodiversidad es otro punto crítico. Aunque las áreas protegidas se han ampliado hasta cubrir el 26% de la superficie terrestre de la UE, la pérdida de biodiversidad sigue superando los esfuerzos de restauración. Esto pone en entredicho la eficacia de las medidas de conservación y gestión de espacios naturales. La Comisión Europea subraya la necesidad de aplicar plenamente el Reglamento de restauración de la naturaleza y de asignar más recursos para la protección de hábitats prioritarios y especies amenazadas.
En materia climática, el balance es relativamente positivo. La UE ha logrado una reducción del 31% en sus emisiones netas de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 y se encamina hacia la meta de reducción del 55% para 2030. Sin embargo, los efectos del calentamiento global ya son evidentes y se intensifican, lo que obliga a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en adaptación climática y resiliencia territorial.
El informe también identifica deficiencias persistentes en la gobernanza ambiental. A menudo, los mecanismos de control, coordinación interadministrativa y acceso a la justicia ambiental son limitados. La participación pública en los procesos de decisión sigue siendo baja en muchos países, lo que reduce la legitimidad y eficacia de las políticas. Por otro lado, el uso de datos ambientales digitales avanza, pero todavía queda camino por recorrer para que los Estados miembros adopten plenamente estándares FAIR y tecnologías de monitoreo avanzadas.
El informe defiende una mayor movilización de recursos nacionales y europeos, incluyendo una fiscalidad más verde y la eliminación de subsidios perjudiciales para el medio ambiente. También subraya la importancia de instrumentos innovadores, como la taxonomía verde, las finanzas sostenibles o el Reglamento de restauración de la naturaleza, que pueden atraer inversión privada hacia proyectos con alto impacto ambiental positivo.
Desafíos medioambientales y necesidades de inversión en España
España ocupa un lugar destacado en el informe por su riqueza ecológica y biodiversidad, así como por su capacidad técnica en gestión de proyectos ambientales, especialmente a través del programa LIFE. El país ha creado una división específica para supervisar la aplicación del principio de no causar daño significativo (DNSH), una herramienta clave en la evaluación de proyectos financiados por el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Sin embargo, el informe también revela que España sigue enfrentando retos considerables. En economía circular, por ejemplo, no logró alcanzar el objetivo de reciclar el 50% de sus residuos municipales en 2020 y se considera que tiene un alto riesgo de incumplir las metas para 2025. Esto se debe a una gestión desigual de los residuos entre regiones, la falta de infraestructuras adecuadas y una baja tasa de separación en origen.
En cuanto a la calidad del agua, España ha logrado algunos progresos, pero persisten problemas importantes en gobernanza hídrica, rehabilitación de masas de agua y eficiencia del uso del recurso. Además, muchas infraestructuras necesitan renovación y se requiere una inversión considerable en saneamiento y depuración.
El ámbito de la biodiversidad también presenta retos. España posee un gran capital natural, pero aún debe definir medidas de conservación específicas para cada espacio protegido e invertir más recursos en la gestión de la Red Natura 2000. El país podría aprovechar este potencial natural para impulsar un modelo de desarrollo verde que favorezca la creación de empleo y el turismo sostenible.
El informe destaca, además, que el déficit de inversión ambiental en España asciende a 10.800 millones de euros anuales, lo que equivale al 0,81% del PIB nacional, una cifra superior a la media de la UE. La mayor parte de esta brecha se concentra en biodiversidad y ecosistemas, lo que señala una necesidad urgente de reorientar las prioridades de gasto público. Por último, el documento subraya que la gobernanza ambiental en España podría beneficiarse de una mejor coordinación entre niveles de gobierno y de una mayor integración de la sostenibilidad en otras políticas sectoriales como agricultura, transporte o industria.