La Comisión Europea ha propuesto la Ley de Vivienda Asequible, Affordable Housing Act, para apoyar a los Estados miembros y a las ciudades en la adopción de medidas frente a la falta de vivienda asequible y disponible en las zonas con mayor presión residencial. La iniciativa busca aportar seguridad jurídica a las autoridades públicas cuando actúen, dentro del Derecho de la UE, sobre usos de la vivienda que puedan agravar la escasez local.
El Ejecutivo comunitario sitúa la propuesta en un contexto de creciente preocupación social y económica. Según el último Eurobarómetro, más del 50% de los habitantes de ciudades considera la vivienda un problema inmediato y urgente en el lugar donde vive. La Comisión también vincula la crisis de asequibilidad con una pérdida de competitividad, al limitar la movilidad laboral y educativa.
La presión es especialmente intensa en determinadas ciudades y destinos turísticos, donde el uso de viviendas para fines distintos de la residencia principal puede reducir la oferta disponible y encarecer el acceso. Algunos Estados miembros ya han aprobado medidas para aliviar estas tensiones, pero se han enfrentado a impugnaciones sobre su compatibilidad con el mercado único europeo.
Marco común para zonas con presión residencial
La Ley de Vivienda Asequible establece el primer marco europeo común para evaluar medidas relacionadas con la vivienda que afecten al mercado único. La norma no impone qué actuaciones deben adoptarse, ya que las decisiones de política de vivienda seguirán correspondiendo a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes.
El texto está diseñado para ayudar a identificar las denominadas zonas con presión residencial mediante una metodología común. Cuando una autoridad decida restringir determinados usos, como los alquileres de corta duración o las viviendas vacías, deberá justificar que la medida responde a tensiones locales y acreditar que es específica, necesaria y proporcionada.
En el caso de los alquileres de corta duración, las restricciones deberán dirigirse a actividades que reduzcan el parque disponible para usos de larga duración, especialmente cuando su escala, frecuencia o carácter comercial incrementen la presión sobre la vivienda. Antes de aprobar limitaciones, las autoridades tendrán que demostrar que esta actividad ha tenido un efecto adverso significativo sobre la asequibilidad o la disponibilidad durante al menos tres años y que medidas menos restrictivas no serían igual de eficaces.
Las autoridades también deberán aplicar y hacer cumplir el Reglamento de la UE sobre alquileres de corta duración, incluidos los requisitos de registro y la retirada o desactivación de anuncios que no los respeten. Cuando existan datos recopilados en virtud de esa normativa, deberán utilizarse para respaldar la evaluación de las medidas.
Segundas residencias y oferta de vivienda
La propuesta no se limita al alquiler turístico. También ofrece un marco más claro para actuaciones sobre la adquisición o el uso de inmuebles residenciales destinadas a abordar fenómenos como las segundas residencias o la desocupación prolongada. En estos casos, las condiciones vinculadas a la adquisición no podrán aplicarse con carácter retroactivo, deberán preverse regímenes transitorios adecuados y las medidas sobre vacaciones de larga duración tendrán que tener en cuenta periodos justificados de no ocupación.
Para los residentes de las zonas afectadas, el objetivo es que las actuaciones locales estén mejor delimitadas, se apoyen en evidencias y sean revisadas con el tiempo, además de ir acompañadas de medidas para aumentar la oferta. Para inversores y propietarios que operan en varios mercados locales, la Comisión Europea prevé una mayor claridad sobre el marco jurídico europeo aplicable.
Nueva construcción, rehabilitación y reconversión de edificios
La propuesta legislativa se acompaña de una Recomendación sobre asequibilidad y oferta de vivienda en zonas con presión residencial. Este instrumento insta a las autoridades a acelerar la planificación y concesión de permisos para nueva construcción, rehabilitación y reconversión de edificios, así como a facilitar la inversión. También las anima a concentrar estas actuaciones mediante Planes de Aceleración de Vivienda.
La Ley de Vivienda Asequible forma parte del Plan Europeo de Vivienda Asequible, junto con las nuevas reglas de ayudas estatales para vivienda asequible y la Estrategia Europea para la Construcción de Vivienda. El paquete pretende combinar la preservación de la asequibilidad y disponibilidad del parque existente con el incremento de la oferta adicional que la UE considera necesaria.
La propuesta pasará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario. En paralelo, la Comisión Europea continuará trabajando con los Estados miembros y las partes interesadas para aplicar el Plan Europeo de Vivienda Asequible.