Una nueva emisión de bonos verdes por valor de 4.000 millones de euros permitirá financiar partidas de gasto vinculadas a objetivos ambientales y climáticos. La operación realizada por el Tesoro Público corresponde a un bono a 20 años y se produce tras la reciente actualización del marco de bonos verdes del Reino de España. La emisión ha registrado una demanda de 68.000 millones de euros, equivalente a 17 veces el importe colocado.
La emisión es la segunda de bonos verdes desde la puesta en marcha del programa en 2021 y eleva el volumen total de estos instrumentos en circulación por encima de los 22.300 millones de euros.
Los 4.000 millones obtenidos estarán asociados a partidas de gasto verde identificadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, 2025 y 2026. La asignación concreta de los fondos se recogerá posteriormente en los informes anuales publicados por el Tesoro.
Actualización del marco de bonos verdes
Antes de la emisión, el marco español de bonos verdes ha sido actualizado para adaptarlo al nuevo contexto normativo y estratégico. El documento establece el uso de los fondos obtenidos, el procedimiento de evaluación y selección de los gastos elegibles, su gestión y los requisitos de información y verificación externa.
Entre las novedades se encuentran la actualización de las referencias a la normativa y a los planes estratégicos nacionales, así como la revisión del listado de actividades excluidas. Además, España asume el compromiso de informar a los inversores sobre el grado de alineación del gasto elegible con la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea.
El marco actualizado ha sido evaluado por Sustainable Fitch, que ha otorgado a su contenido la calificación de «excelente» y ha constatado su alineación con los Principios de los Bonos Verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA).
Según la evaluación, las categorías contempladas pueden generar un impacto ambiental positivo y contribuir tanto al objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 como al cumplimiento de los objetivos europeos en materia de sostenibilidad.
Demanda internacional y perfil de los inversores
La operación se produce en un contexto de elevada volatilidad en los mercados internacionales y de aumento generalizado de los tipos de interés. La emisión se distribuyó entre 328 cuentas inversoras, con una presencia de no residentes del 86,4%.
Por áreas geográficas, Francia e Italia concentraron el 14,2% de la asignación; los países escandinavos, el 13,1%; Reino Unido e Irlanda, el 12,1%; y Alemania, Austria y Suiza, el 9,5%. El resto de Europa representó el 22,3%, Oriente Medio el 7,5%, Estados Unidos y Canadá el 2,4%, Asia el 0,5% y otros inversores el 4,7%.
Por tipo de inversor, las gestoras de fondos asumieron el 30,7% de la emisión. Les siguieron las tesorerías bancarias, con el 22,5%; los bancos centrales e instituciones oficiales, con el 18,5%; y las aseguradoras y fondos de pensiones, con el 17,8%. El resto de empresas de servicios bancarios alcanzó el 5,9%, los fondos apalancados el 2,9% y otros inversores el 1,7%.
Con esta sindicación, el Tesoro ha emitido 143.208 millones de euros a medio y largo plazo, equivalentes al 80,9% de su programa de financiación a medio y largo plazo para 2026. La vida media de la deuda del Estado en circulación se sitúa en 7,89 años y el coste medio de la cartera de valores del Tesoro alcanza el 2,44%.
Barclays, BBVA, Banco Santander, Crédit Agricole, JP Morgan y Morgan Stanley han actuado como directores de la emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado ha participado como codirector.