El Boletín Oficial del País Vasco del 3 de Septiembre recoge el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el País Vasco. El texto, ya en vigor, fue aprobado en consejo de gobierno el pasado 26 de junio.
La nueva norma establece el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs). Marca un hito clave de cara a la consecución de la edificación sostenible que, sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los edificios, previene de forma significativa la generación de estos residuos. Este decreto tendrá implicaciones para más de cuarenta mil empresas y para los ayuntamientos del País Vasco.
El decreto aprobado es un instrumento clave para la prevención y correcta valorización de las más de 1.300.000 toneladas anuales de RCDs que se producen en nuestro territorio.
Sus objetivos primordiales son:
- Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de materiales de construcción y demolición.
- Fomentar, por este orden, la prevención, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de construcción y demolición en condiciones ambientalmente seguras.
- Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición.
- Asegurar la correcta eliminación de los residuos de construcción y demolición.
- Contribuir al desarrollo de la edificación sostenible sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los edificios.
Para lograrlo, este Decreto regula los aspectos que el Real Decreto 105/2008, delegaba en la Comunidad Autónoma del País Vasco, estableciendo también los requisitos que deberán cumplir las personas productoras y las poseedoras de residuos y materiales de construcción y demolición procedentes de obra mayor, entre los que se incluye la obligación de incluir en el proyecto de la obra un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición.
Las personas poseedoras, por su parte, estarán obligadas a presentar un plan que recoja los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos así como la determinación de la persona responsable de su correcta ejecución.
Se regula asimismo la obligación para la persona productora de los residuos de constituir una fianza como mecanismo de control vinculado a la obtención de la licencia de obras, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor.
Por último, el Decreto regula las actividades de valorización y eliminación de residuos de construcción y demolición para cuyo desarrollo se requerirá autorización previa del órgano ambiental.
Para complementar y afianzar esta disposición se aprobará una Orden Técnica en avanzado estado de gestación, que determinará las prescripciones técnicas y ambientales que deberán cumplir los materiales procedentes de los Residuos de Construcción y Demolición.
Para facilitar el cumplimiento de este nuevo marco normativo, la sociedad pública de gestión ambiental, Ihobe pondrá próximamente a disposición de los interesados herramientas formativas, técnicas, metodológicas e informáticas.