La reutilización de materias primas que actualmente se eliminan como residuos es uno de los principios clave del paquete de la economía circular adoptado en diciembre de 2015. La Comisión Europea ha propuesto un reglamento que facilitará en gran medida el acceso de los abonos orgánicos y obtenidos de los residuos al mercado único de la UE, poniéndolos en igualdad de condiciones con los abonos inorgánicos tradicionales. De este modo, se crearán nuevas oportunidades de mercado para las empresas innovadoras, reduciendo al mismo tiempo el volumen de residuos, el consumo de energía y los daños al medio ambiente.
El Reglamento establece normas comunes sobre la conversión de biorresiduos en materias primas que pueden utilizarse para fabricar fertilizantes. En él se definen los requisitos de seguridad, calidad y etiquetado que deben cumplir todos los productos fertilizantes para ser objeto de libre comercio en toda la Unión Europea. Los productores tendrán que demostrar que sus productos cumplen dichos requisitos y se ajustan a los límites de contaminantes orgánicos, contaminantes microbianos e impurezas físicas antes de colocarles el marcado de conformidad europea CE.
La nueva normativa se aplicará a todos los tipos de abonos a fin de garantizar el máximo nivel de protección del suelo. El Reglamento fija límites estrictos para el cadmio en los abonos fosfatados. Los límites se harán más rigurosos, pasando de 60 mg/kg a 40 mg/kg después de tres años y a 20 mg/kg al cabo de doce años, reduciéndose así los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Como algunos fertilizantes no son producidos o comercializados con carácter transfronterizo en grandes cantidades, la Comisión Europea propone la armonización facultativa: el fabricante puede, en función de su estrategia comercial y del tipo de producto, optar por colocarle el marcado de conformidad europea CE, haciendo posible su libre comercio en el mercado interior conforme a normas europeas comunes, o venderlo con arreglo a normas nacionales basadas en el reconocimiento mutuo en el mercado único. Esto garantiza que se tengan en cuenta los principios de la mejora de la legislación y la subsidiariedad.
El proyecto de Reglamento se enviará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben adoptarlo. Una vez adoptado, será directamente aplicable, sin necesidad de transposición en Derecho nacional, tras un período transitorio para que las empresas y las autoridades públicas se adapten a la nueva normativa.