España declara la emergencia climática y ambiental con el compromiso de aplicar 30 medidas prioritarias

El Consejo de Ministros ha declarado la emergencia climática y ambiental en España, un compromiso para paliar los efectos del cambio climático y alcanzar la neutralidad climática, a través de la aplicación de 30 medidas prioritarias.

Mediante este acuerdo, el Gobierno se compromete a desarrollar 30 líneas de acción.

Con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía, España va a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas serán puestas en marcha a lo largo de los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050, y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

El objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad, según indica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las medidas están en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Las cinco acciones de los primeros 100 días

En los primeros 100 días de Gobierno se aplicarán cinco acciones. La primera de ellas será llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero antes de 2050. Para ello se impulsará un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 g de CO2 por km, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.

Está previsto definir una senda de descarbonización a largo plazo que asegure el objetivo de neutralidad climática antes de 2050. Asimismo, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.

Por otro lado, se creará la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático para reforzar la participación ciudadana, incluyendo la participación de los jóvenes, y se impulsará la transformación del modelo industrial y del sector servicios mediante Convenios de Transición Justa y medidas de acompañamiento.

Líneas de actuación destacadas

La Declaración de emergencia climática recoge entre otras líneas de actuación la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar residuo cero en el horizonte 2050.

Se destacan otras líneas de actuación como la incorporación de medidas que integren el cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En concreto, el Gobierno se compromete a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, así como la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público o la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, que será presentada antes de finalizar el año.

Acciones contra la pobreza energética, igualdad e impulso de oportunidades para la transición energética, y la protección de la biodiversidad, forman parte de las líneas en las que trabajará el Gobierno para elaborar la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal.

La transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema se fomentará con la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal.

 
 
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