El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), que incluye 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances de la ENPE 2019-2024. La estrategia se articula en torno a cuatro ejes: rehabilitación energética de viviendas vulnerables, protección de los consumidores, coordinación interadministrativa y sensibilización, y caracterización de la pobreza energética, con el objetivo de garantizar un acceso universal, seguro y asequible a la energía.
La ENPE 26-30 surge tras un intenso proceso participativo con entidades sociales, académicas y empresariales, que incluyó un novedoso mecanismo de escucha a hogares vulnerables. Su diseño también se ha visto condicionado por la pandemia de covid-19 y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que obligaron a desplegar medidas urgentes de protección a consumidores. Gracias a estas actuaciones, la carga energética media por hogar ha descendido un 3,5% desde 2018, y en los hogares con menores ingresos la reducción alcanza el 24,7%, consolidando los efectos de la primera ENPE y las medidas adoptadas.
Rehabilitación energética de viviendas vulnerables
La rehabilitación energética de viviendas vulnerables constituye uno de los pilares de la estrategia. Se impulsarán actuaciones de rehabilitación de viviendas y edificios de uso comunitario, con apoyo de los presupuestos ordinarios y del Plan Social para el Clima, que aportará hasta 9.000 millones de euros durante el período 2026-2030.
Además, se fomentará el uso de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), incluyendo un posible factor multiplicador para incrementar el valor del ahorro generado y acelerar el retorno de la inversión. El objetivo es promover rehabilitaciones pasivas, mejorar la envolvente de los edificios y garantizar que los hogares más vulnerables se beneficien de comunidades energéticas y actuaciones sostenibles.
Observatorio de la pobreza energética
En el eje de la protección de los consumidores, la ENPE 26-30 contempla garantizar el suministro energético a personas vulnerables y electrodependientes, ampliar la cobertura del bono social y adaptar su normativa para asegurar que llegue a quienes realmente lo necesitan. También se establecerán mecanismos que faciliten el acceso a los beneficiarios y se evitarán prácticas comerciales que penalicen la contratación del PVPC con bono social.
La coordinación interadministrativa y la sensibilización buscan reforzar la colaboración entre administraciones y crear puntos de asesoramiento energético específicos para los consumidores en situación de pobreza energética. Se fomentará la detección temprana de estas situaciones en el sistema sanitario y los servicios sociales, apoyada por la Red-Actúa, que proporcionará formación y recursos a entidades locales y administraciones públicas. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha abierto dos consultas al mercado vinculadas a la Red-Actúa: una para la formación de agentes cualificados y otra para la creación y mantenimiento de oficinas de atención a personas vulnerables.
Por último, la caracterización de la pobreza energética se centrará en la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del Miteco, para centralizar información, promover el intercambio técnico entre expertos y apoyar la toma de decisiones en políticas públicas. La consulta pública previa para definir su funcionamiento y red de colaboradores ya se ha lanzado.