El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha completado la transferencia de los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas. El importe corresponde a la primera anualidad estatal del plan y permitirá activar nuevas políticas públicas de vivienda en el conjunto del territorio.
De esta manera, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana formaliza el pago comprometido con las comunidades autónomas. Y también ha activado el trámite de audiencia e información pública de la Orden Ministerial que regulará los mecanismos de seguimiento, evaluación y suministro de información del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta regulación se enmarca en el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril de 2026, por el que se regula el propio plan.
Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
La orden prevé la puesta en marcha de un sistema común de intercambio de información para realizar un seguimiento periódico y detallado de los avances del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Este sistema servirá de base para elaborar informes trimestrales y anuales sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.
Entre los aspectos que se pretende garantizar figuran la protección permanente de las viviendas financiadas con el plan, sin posibilidad de descalificación, y su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos. El Ministerio sitúa estos mecanismos como parte de la gestión transparente y eficiente de los recursos transferidos.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 recibió en mayo el aval unánime de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. El programa triplica los recursos respecto al PEV 2022-2025 y eleva la inversión total hasta los 7.000 millones de euros.
Más construcción, rehabilitación y protección
El nuevo plan se estructura en tres ejes de actuación: más construcción, más rehabilitación y más protección. Su finalidad es ampliar el parque público de vivienda asequible y reforzar el cambio de orientación de las políticas de vivienda impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Gobierno de España.
Uno de los criterios señalados por el Ministerio es que los fondos públicos no se destinen a viviendas que puedan privatizarse en el futuro. Con ello, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 busca asegurar que las actuaciones financiadas mantengan su función pública y contribuyan a garantizar el acceso a la vivienda.