Abierto el proceso participativo en Galicia para optimizar las próximas ayudas en materia de residuos

La Xunta de Galicia lanza una consulta para optimizar nuevos pedidos de ayudas en residuos

La Xunta de Galicia ha lanzado una consulta abierta para que los municipios y empresas hagan sugerencias al tipo de ayudas que se necesitan en materia de gestión de residuos y economía circular. A partir de ese momento, se establecerá una convocatoria, dotada con al menos 20 millones de euros, para apoyar este tipo de proyectos. La consulta estará abierta hasta el 12 de agosto.

La Xunta de Galicia ha publicado en el DOG la resolución por la que se invita a los posibles beneficiarios a mostrar su interés por estas subvenciones.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó, el pasado 11 de julio, la manifestación de interés (un procedimiento que permite pulsar de forma directa la opinión de las entidades interesadas en la comunidad, recogiendo sugerencias y datos sobre sus necesidades reales) para detectar nuevas iniciativas y medidas concretas que contribuyan a implementar las líneas de actuación a seguir para cumplir con las exigencias de la normativa sectorial de residuos y ayuden a identificar, a la vez, a los posibles beneficiarios.

Consulta abierta para recibir sugerencias

La consulta estará abierta hasta el 12 de agosto para recibir sugerencias sobre el marco y contenido de las órdenes de ayudas que prevé convocar en este ámbito, garantizando así su máxima eficacia y eficiencia. De este modo y atendiendo a la información que se recoja, se concretarán las líneas estratégicas de las actuaciones a subvencionar, los mecanismos de financiación, los parámetros técnicos que deberán regir la evaluación y selección de proyectos, y las entidades interesadas en desarrollarlos, como destinatarias de las ayudas.

El objetivo es garantizar que los fondos que gestionará en este ámbito la Xunta de Galicia se destinen al desarrollo de proyectos públicos y privados acomodados y en línea con las necesidades y la singularidad de la comunidad en materia de residuos.

Pueden participar como interesados en la consulta y, por lo tanto, optar a ser futuros beneficiarios de las ayudas, ayuntamientos y otras administraciones locales, entidades jurídicas, tanto públicas como privadas, o gestores de todo tipo de residuos.

Para eso, se les pedirá su parecer sobre los conceptos subvencionables, plazos de ejecución y requisitos técnicos, entre otras cuestiones, así como que acerquen, si los tienen, proyectos concretos a ejecutar en materia de residuos. La financiación máxima que se podrá conceder a través de las futuras ayudas no excederá del 90% del coste total de cada actuación, que deberá estar terminada antes de 31 de diciembre de 2026.

Próximas líneas de subvención

La Unión Europea está estableciendo objetivos y requisitos cada vez más exigentes en lo que respecta a la gestión de los residuos y a la sostenibilidad de los modelos que se implementan a tal fin, en línea con lo que demanda la propia sociedad. Por este motivo, la Xunta de Galicia colabora con los agentes implicados para garantizar la consecución de los objetivos de la normativa sectorial, un fin en el que se enmarca también esta manifestación de interés.

La consulta servirá para definir las próximas líneas de subvención con las que el Gobierno gallego aspira a dar continuidad a las cinco órdenes de ayudas convocadas en los últimos meses por 22 millones para apoyar la implementación de la normativa de residuos y en virtud de las cuales ya lleva concedidos más de 7 millones en ayudas a entidades locales.

La mayor cuantía asignada hasta ahora, 4,82 millones de euros, tiene como fin apoyar actuaciones para mejorar la gestión de los biorresiduos, cuya recogida separada tiene carácter obligatorio desde el 30 de junio para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes en virtud de la Ley de Residuos estatal. En este sentido, el Gobierno central fijó plazos más restrictivos que los de la directiva comunitaria para introducir el quinto contenedor a nivel municipal, lo que en la práctica supone para los ayuntamientos gallegos disponer de un año y medio menos para implantar en su sistema esta nueva fracción.

 
 
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